Internet a la boliviana

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Datos abiertos

Los datos abiertos son una expresión de la cultura libre que propone poner a disposición de cualquier interesado bases de datos de interés público sin ninguna restricción legal, de acceso, tecnológica, etc. y no solo para los seres humanos sino también para computadoras que puedan combinarlos con otras bases de datos.

Se hace presión especialmente para abrir bases de datos de gobierno para promover la transparencia en la gestión pública, esto tiene lógica ya que el presupuesto que las entidades de gobierno ejecutan es dinero de los impuestos de la ciudadanía, por tanto, se deberían poder controlar socialmente.

Además, se dice, la sociedad civil así como la prensa participarían activamente utilizando esos datos abiertos ejerciendo su derecho de control social de las acciones de gobierno (Ley No. 341). Es decir, estos actores usarían herramientas estadísticas para indagar en las bases de datos y proponer mejoras en las políticas públicas y encontrar evidencias de corrupción para hacer denuncias.

Ese es el modelo de datos abiertos gubernamentales y parece representar un paso más adelante en la idea de la transparencia gubernamental pero hay un par de supuestos que vale la pena revisar.

Primero, se asume que sociedad civil y periodistas usarán las bases de datos abiertas y eso no sucede tanto como se esperaba porque estos actores requieren adquirir habilidades nuevas en la mayor parte de los casos, habilidades de análisis y manejo estadístico, habilidades de story telling y de visualización del análisis de esos datos para que se entiendan fácilmente. Son barreras altas para usar apropiadamente esos nuevos recursos que son las bases de datos y en Bolivia esas nuevas habilidades se están adquiriendo lentamente.

Segundo, siendo que la materia prima de parte de la economía digital son los datos, vale la pena preguntarse si estos datos gubernamentales que se abren en Bolivia, Paraguay o Argentina, por mencionar algunos países, puedan ser utilizados por otras entidades con mayores habilidades para analizar esas bases de datos y generar negocios o esquemas de control ciudadano, por ejemplo. Me refiero a otros gobiernos que tienen más tradición de desarrollo de capacidades locales en áreas de estadística y matemática o empresas que suelen estar basadas en los países del norte.

¿Significa esto que no debemos abrir datos gubernamentales? No lo creo, debemos apostar por la apertura de esos datos como materia prima de mayor transparencia de gestión pero a la vez, hacer un doble esfuerzo por generar capacidades locales en la sociedad civil, los medios masivos, las empresas y los mismos gobiernos para que puedan usar esas bases de datos abiertas apropiadamente.

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La tiranía de los grupos de Whatsapp

Whatsapp es el sistema de mensajería digital más usado en Bolivia, tiene más usuarios que Facebook. En nuestras vidas en Whatsapp es común formar parte de grupos y los hay de todas las temáticas posibles: los grupos de amigos de la época de colegio o de la universidad, grupos de padres y madres de familia, grupos de familia, grupos políticos e incluso grupos de distribución de alimentos de granja. Y la mayoría, suelen ser un martirio.

La administración o moderación del grupo es fundamental y cuando no existe o no tiene claras algunas normas básicas de respeto, aquello tiende al deterioro, al caos y a la tiranía.

Quiero compartir un par de casos a modo de catarsis.

Caso 1. Las solidarias tiranas.

Este personaje que cree la solidaridad es el valor mayor, en cualquier caso: el perrito perdido, la mujer golpeada, el árbol caído, el carnet de identidad encontrado, la situación de Venezuela, una declaración política fallida como una prueba irrefutable de maldad, una ballena encallada, etc. Esta persona decide publicar todos los mensajes relacionados a estas alertas en todos los grupos a los que pertenece porque, obvio, todas las personas tenemos el deber de ser solidarias.

En mi caso personal, no importó que el grupo se hubiera establecido para vender pollos, la denuncia de persona perdida, la alerta contra una organización política y un llamamiento a orar a Dios todos los días y a todas horas fueron más importantes con un colofón agresivo y de película: “si no quieres leer el mensaje, borralo pues”. Y una otra sugerencia a la administradora igualmente tiránica de alguien que no quería ese spam en el grupo: “Si no respetan las normas del grupo, sácalas del grupo.” Ni la conversación ni el respeto a las razones de cada persona para estar en grupo son opción para guiar decisiones, la única opción es la imposición.

Caso 2. La gente con iniciativa

En un grupo tuvimos la ingrata noticia que una amiga estaba muy delicada de salud y que necesitaba ayuda. Se comenzaron a organizar acciones para llevar adelante eventos de recaudación de fondos. Todo bien hasta aquí pero alguna de las personas más activas del grupo tuvo una idea, crear un grupo temporal e incluir en ese nuevo grupo a algunas personas que se habían salido del grupo original excusándose o simplemente eliminando sus números. No se le podía ocurrir respetar la decisión de las personas que habían decidido salir del grupo y escribir una a una informando de la situación y consultando si querían ser incluidas, claro que no, era mejor abrir un otro grupo e incluir a esas personas sin consultarles porque, por supuesto, no hay razón para respetar a nadie en un caso tan grave como ese, ¿no?

¡En Telegram todo es tan diferente! Estoy convencida que otra mensajería es posible.


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Normativa acerca de datos personales en Bolivia

En los últimos tres meses se han aprobado cuatro normas referentes a gobierno electrónico y la relación del gobierno con la ciudadanía en Bolivia: el decreto 3525 de lineamientos y herramientas para el Gobierno digital, la modificación de la Ley electoral para permitir la interoperabilidad de datos de SEGIP y SERECI, la modificación a la Ley de Migración que abre la posibilidad del voto electrónico en el exterior y la Ley de ciudadanía digital que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

Esto es una muestra de la voluntad de al menos una parte del gobierno para impulsar la modernización del Estado y que la ciudadanía no tenga que seguir sufriendo trámites engorrosos, con colas interminables y gastos de traslado a la sede de gobierno para hacer trámites que requieren sí o si la presencia física de la persona interesada para realizarlos.

Sin embargo, han surgido dos observaciones centrales tanto de parte de algunos sectores de oposición en la Asamblea legislativa como de parte de algunas personas e instituciones de sociedad civil. La primera observación es que faltó abrir el debate a la ciudadanía. En otros países, los debates legislativos acerca de voto electrónico o de interoperabilidad de datos personales han tomado años y aquí se han resuelto en pocas semanas. Entiendo que es normativa necesaria para la eficiencia en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía pero la elaboración de normativa tiene que inclusiva y ser consultada por sectores que pueden aportar para efectivamente poner al ciudadano y ciudadana en el centro del proceso.

La segunda observación se refiere a que más allá de resolverle temas cotidianos a la ciudadanía -los ya mencionados acerca de tiempo, dinero y molestias en trámites estatales- el enfoque centrado en la ciudadanía debe tomar en cuenta derechos humanos en Internet tales como privacidad, privacidad de datos personales, voto secreto, acceso a tecnologías de información y comunicación, y libertad de expresión que no están reflejados en estas normas de una manera clara. Por ejemplo, si un funcionario hace uso abusivo de datos de la ciudadanía, digamos vende parte o toda una base de datos, ¿cuál es el procedimiento para que la ciudadanía proteja sus derechos? ¿Las sanciones serán solo administrativas o penales?

Otro tema es acerca de la accesibilidad de la ciudadanía, solo el 34% de los internautas usan Internet para acciones más complejas como trámites en línea. ¿Qué se hará con el restante de internautas y con los que no son internautas todavía? Estas normas deberían contemplar procesos masivos de alfabetización digital para reducir brechas de habilidades tecnológicas.


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Seguridad en web

Alguna jerga que era exclusiva de especialistas en seguridad informática como encriptación, llaves públicas y privadas, virus de espionaje o navegación incógnita han pasado a ser utilizadas y no solo como jerga sino como prácticas cotidianas de navegación y uso de Tecnologías de Información y Comunicación entre periodistas y activistas de derechos humanos en América Latina.

Es una forma de protegerse de ataques que pretenden apoderarse de su información y la de sus fuentes y redes de trabajo. Estos ataques de seguridad informática son dirigidos, es decir, no se hacen a una masa sino a individuos específicos. Esa fue la forma de operar en el caso de #GobiernoEspía en México que ya se ha tratado en esta columna.

Estos ataques son frecuentes en momentos de convulsión social y política cuando grandes intereses económicos y políticos se ponen en riesgo como está sucediendo en Nicaragua. Pero también cuando se debaten leyes que podrían resquebrajar ideologías y espacios de poder como son las Leyes de despenalización del aborto en varios países, Chile y Argentina, entre los casos más recientes.

La privacidad de las comunicaciones está protegida en su forma física y digital por tratados internacionales de derechos humanos y por diversas normativas de nivel nacional, también en el caso de Bolivia. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, artículo 25 dice: “II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.” Por tanto, una intervención en la comunicación por correo electrónico o la parte privada de alguna red social o sistema de mensajería es ilegal pero aún así estos ataques informáticos se siguen dando.

Por esto, es aconsejable remangarse y comenzar a aprender algunas herramientas de “autodefensa digital”. Busque esas dos palabras en Google y encontrará mucho material, y si quiere algo más específico incluya “para periodistas” o “para activistas” o “para feministas” y encontrará material muy valioso para comenzar y luego profundizar.

Mientras más personas aprendamos a gestionar estas herramientas será mejor. La seguridad informática es una cuestión de grupos de confianza. Dicho de otra forma: de nada sirve que una persona siga todas las recomendaciones de seguridad si sus colegas en la oficina o los miembros de su familia no lo hacen porque crean huecos de seguridad enormes, por los que la información y los datos salvaguardados por uno o una se ponen en riesgo por las acciones de los otros.


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Datos abiertos

Un grupo de gente especializada en comunicación, periodismo, informática, diseño web y políticas públicas; junto a activistas y entidades de cooperación internacional en América Latina se han organizado desde el 2013 para promover la apertura y el uso de datos abiertos que beneficien a la sociedad y mejoren las políticas públicas. Se reúnen anualmente en un evento que se llama Abrelatam.

A su vez, los gobiernos se han organizado en torno a esta misma temática, los datos abiertos de las administraciones públicas, y también se reúnen anualmente en otro evento regional latinoamericano, que se llama ConDatos. Todos los años se aprovecha la concurrencia de ambos eventos para hacerlos uno inmediatamente después del otro. Este año se realizarán en Costa Rica.

Aunque podría parecer que, al compartir el lugar del evento y parte de la concurrencia, no existen grandes desencuentros entre sociedad civil y gobiernos, los acuerdos no siempre están presentes. De hecho, un grupo de activistas ha sido protagonista de dos eventos de apertura de datos muy importantes que han tenido niveles de escándalo: uno a nivel global como es el #PanamáPapers, que reveló el ocultamiento en un paraíso fiscal de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno y líderes de la política mundial, entre otros.

El segundo caso es el de la constructora brasileña Odebrecht, que habría sobornado a funcionarios públicos de al menos 10 países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela), durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Por este caso, el expresidente del Perú Ollanta Humala y su esposa han sido encarcelados y la investigación sigue.

Ambos eventos, más el de #GobiernoEspía en México (un caso de espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos humanos); además de un quiebre de la representación de la sociedad civil en las reuniones de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), cuyos miembros decidieron salirse de la reunión, ponen un contexto complicado para el evento de Abrelatam y ConDatos en Costa Rica a finales de agosto.

Mientras tanto, en el país se ha aprobado entre funcionarios públicos una norma técnica para orientar la adecuación y apertura de datos del sector público. Sin embargo, parece que no existen más avances en esta política y solo unos pocos representantes de la sociedad civil participan y se enteran. Es un tema delicado, como lo muestran los casos internacionales, pero no parece importarle mucho ni al Gobierno ni a la ciudadanía.

 

(Artículo publicado en la versión impresa del periódico La Razón de 24 de julio de 2017 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Datos-abiertos_0_2751324867.html)


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Mujeres en tecnología (*)

La presencia de las mujeres en la creación de tecnología es escasa. Tal vez la estadística más escandalosa relacionada con este fenómeno es que solo el 1,5% de desarrolladores del software libre y de código abierto (FOSS) en el mundo son mujeres. Y aunque existen grandes excepciones, la escasa presencia es evidente. Algunos buenos ejemplos de mujeres en tecnología fuera del país son Marissa Mayer, la ejecutiva principal de Yahoo; la ejecutiva de operaciones de Facebook, Sheryl Sandberg, nombrada como la mujer más poderosa de la tecnología en 2015 por la revista Forbes; y Susan Wojcicki, la  principal ejecutiva de YouTube. En Bolivia, Virginia Kama, jefa de desarrollo en la empresa Devenet; Irma Prado, jefa de ingeniería electrónica de la UMSA; y las dos emprendedoras de Codemia, Daniella García y Adriana Zegarra, son buenos ejemplos de la excepción.

Este fenómeno tiene varias explicaciones, unas que tienen que ver con la formación de roles de género, otras con el machismo y algunas más, por el acoso que deben soportar las mujeres en ambientes donde los hombres son la mayoría y que prefieren evitar.

Un estudio ha verificado que cuando una familia tiene una computadora y debe elegir en qué habitación ponerla, la mayoría la coloca en la habitación del hijo y no de la hija, alejando así la posibilidad de contacto de las mujeres con la tecnología. Se tiende a pensar que la tecnología, los fierros, el pensamiento lógico lineal es cosa de hombres; y que las carreras sociales, las relaciones, los sentimientos son cuestión de mujeres.

¿Pero, por qué es importante que las mujeres participen de la creación tecnológica? ¿Solo porque también tienen derecho? ¿O por qué la creación de tecnología se favorece con la diversidad de lógicas y experiencias? Pues no solamente por ello. En realidad, esto es importante por razones políticas. La creación de tecnología es una actividad que genera mucho dinero y que, por tanto, es un espacio de poder y, en este caso, dominado por los hombres. La escasa participación de las mujeres en esos espacios fortalece el orden de las cosas, donde las mujeres tienen roles subalternos, y refuerza la idea que las mujeres no pueden ocupar espacios de poder. Es producto de una construcción social, no es natural, no se debe a que las mujeres sirven para unas cosas y los hombres para otras. Por tanto, si el problema es político, entonces la solución también debe ser gestada desde una base política y no solo técnica. Algunos avances en el mundo se han dado desde el ciberfeminismo, cuya teoría y práctica son inexistentes en Bolivia.

(*) En homenaje a los 200 años del nacimiento de Ada Lovelace, la primera persona en definir un lenguaje de programación.

 

(Artículo publicado en versión impresa del periódico La Razón del 19 de octubre de 2015 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Mujeres-tecnologia_0_2365563459.html)


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Día de Internet

El 17 de mayo se celebra el Día de Internet en el mundo y en Bolivia también. Es una fecha para evaluar políticas estatales y empresariales, y es también un día para informar acerca de adelantos, retrocesos y retos en nuestro camino hacia la sociedad de información.

Lo primero, algunas cifras. Tenemos un crecimiento sostenido de cantidad de personas que usan internet en el país, el porcentaje oficial es del 40% de la población urbano-rural, según la Encuesta de Hogares del INE de 2015. Captura Consulting nos mostró hace pocos días que el 56% de la población boliviana que vive en las ciudades del eje se conecta regularmente. Y finalmente, la Agencia de Gobierno Electrónico (Agetic) hará público el 17 de mayo los primeros resultados de la encuesta nacional que aplicó a finales del 2016 y que muy probablemente mostrará un porcentaje aún mayor. Más allá del porcentaje exacto, la comprobación es que en los últimos dos años Bolivia ha incrementado la cantidad de usuarios de manera vertiginosa, a pesar de los precios por el servicio que siguen siendo altos y, sobre todo, del ancho de banda que aún está entre los más bajos de la región.

Esos y otros avances, como la implementación de firma digital, una plataforma de pagos en línea que incluye servicios más populares similares a las tarjetas de débito y Tigo Money; la oferta de servicios de fibra óptica de conexión a internet, entre otros, promueven el desarrollo de negocios digitales, servicios públicos y privados, y dinámicas sociales y políticas inclusivas.

Sin embargo, estamos aún muy lejos de los grandes centros tecnológicos como San Francisco, Shangai, Beijing o Boston, donde se están desarrollando los adelantos en robótica, nanotecnología y biotecnología. Estamos lejos de desarrollar e implementar inteligencia artificial, internet de las cosas, tecnología blockchain, machine learning (o aprendizaje automático), realidad virtual y aumentada o procesamiento de big data, por citar algunas tendencias digitales globales. Ni siquiera tenemos iniciativas de desarrollo de contenidos, a lo Netflix, por ejemplo, sean educativos, de entretenimiento u otros.

Este año parece que algunas cosas mejoran en lo que llamamos los “fierros”, es decir, en la infraestructura de telecomunicaciones, pero no tenemos prácticamente ninguna señal del siguiente paso: recursos humanos para el desarrollo científico. Existe un plan de ciencia, tecnología e innovación desde el 2013 elaborado por el Ministerio de Educación, pero poco hay acerca de su ejecución. Si el norte de política pública es la soberanía tecnológica, una política de desarrollo científico, tecnológico y de innovación es imprescindible, está en la base.

(Artículo publicado en la versión impresa del periódico La Razón de 15 de mayo de 2017 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Dia-Internet-Bolivia-opinion-Eliana-Quiroz_0_2709928984.html)