Internet a la boliviana

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Linchamientos digitales

Las últimas semanas estuve en contacto con las experiencias de varias periodistas que han sufrido durísimas represiones por sus reportajes en sus países. Un documental acerca de Maria Reesa de Filipinas que dirige el medio Rappler; entrevsitas a Rana Ayyub y Neha Dixit, dos reporteras en la India; y la experiencia de Patrícia Campos Mello, una periodista de Folha de Sao Paulo en Brasil, en su magnífico libro A maquína do odio.

Todas las periodistas cuentan la forma en que Internet es usado para ejecutar linchamientos digitales en contra de ellas. Los mecanismos suelen ser masivos, duramente ofensivos, de contenido sexual, plagados de amenazas de violación y muerte contra ellas y sus familiares, y suelen ser ejecutados de manera abierta por los presidentes de sus países que al ridiculizarlas y hacer eco de las ofensas dan permiso e invitan a influencers que apoyan al oficialismo y miles de cuentas falsas y legítimas a violentar, ofender y amenazar de todas las formas posibles en espacios digitales a estas periodistas.

El fenómeno es diferenciado en el caso de las mujeres. Los periodistas también son violentados pero los argumentos usados son diferentes y la virulencia suele ser menor. En el caso de las mujeres, los ataques son claramente misóginos. En general, los comentarios hacen referencia al cuerpo o al aspecto de los periodistas, apuntan a las relaciones familiares o personales y cuestionan su rigor intelectual y sus credenciales profesionales. En todos los casos mencionados hay material gráfico e incluso audiovisual sexual trucado que se viraliza asegurando que se trata de ellas. Incluso se publica sus números de teléfono en páginas porno masivas para que clientes las contacten buscando servicios sexuales.

Un estudio de la International Women’s Media Foundation y TrollBusters muestra que en 2019 alrededor del 63% de las periodistas a nivel global han sido amenazadas o acosadas en línea. Entre las periodistas que trabajan en Estados Unidos y que han sufrido ataques en línea, el 78% sostiene que la cuestión del género fue un factor determinante para convertirlas en objetivo. Conozco en Bolivia a varias periodistas que también han sufrido este tipo de linchamientos digitales.

En época de desinformación y de disputa hegemónica de narrativas, las y los periodistas se ponen más en el centro del conflicto y en la mira de ataques violentos. Las periodistas son blanco más fácil por las estructuras machistas que caracterizan a nuestra sociedades. Esta es una situación que requiere una atención global y local pronta e integral. Una Ley de protección de datos personales podrían dar un marco de mayores garantías también en estos casos y ser parte de una solución.


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GeoBolivia no se debe perder

Desde el 2012 un grupo de geógrafos que trabajaban en varias instituciones públicas se concentraron para crear Geobolivia, un portal web de mapas oficiales del Estado boliviano que permitía mirar los mapas en línea y descargar los datos de esos mapas para usarlos en diversos proyectos.

Se dice fácil pero es un trabajo monumental y con varias barreras que vencer: el desconocimiento del valor de proyectos de datos abiertos por parte de las autoridades, la coordinación interminable para encontrar acuerdos que permitan uniformar los diversos sistemas informáticos en los que se guardaban los datos geográficos públicos, la presión de algunos grupos que obtenían beneficios del desorden vendiendo esos mapas en mercados informales e incluso a las mismas instituciones públicas una y otra vez y, claro, la inercia del sector público tan reacia a innovar.

Ocho años después, este caro proyecto ha logrado 2.500 capas. Por decirlo en términos fáciles aunque pierda alguna precisión: 2.500 mapas. Todos estos mapas de libre disposición (datos abiertos), actualizados y oficiales. Esta característica de datos abiertos ha beneficiado a variados públicos: investigadores -solo en los registros de la UMSA y de la UMSS hay 100 tesis que han usado sus datos-, a iniciativas tecnológicas que usan esos datos para desarrollar servicios -OpenStreetMap es un servicio de mapas abierto y alternativo a Googlemaps que usa los datos de Geobolivia- y ante todo, al Estado -varios entidades públicas y municipios han utilizado estos datos para su planificación.

Funcionarios de más de 100 instituciones públicas se reunieron varias veces a lo largo de estos años en grupos de trabajo para consensuar normativa y protocolos técnicos, además de crear un diseño con nodos que alimenten en línea un portal web de mapas del Estado que permitía conocer la ubicación de recursos como escuelas, postas sanitarias, pozos petrolíferos, ríos, caminos, telecentros, etc.

Todo esto hasta los primeros días de marzo de este año cuando el acceso a este portal ya no fue posible sin que medie ninguna explicación de parte de la Vicepresidencia, bajo cuya responsabilidad se hallaba el proyecto, que aún no ha emitido una comunicación oficial ni ha dado respuesta a varias cartas que se le han remitido al respecto.

Cuesta creer que el gobierno quiera perder capacidad de análisis, deshechar un proyecto que ayuda a ahorrar recursos para la planificación y mejora su calidad (¿con qué información se hará el PDES que está actualmente en elaboración, por ejemplo?) además de reducir posibilidades de duplicación de esfuerzos de recojo de información geográfica. Esperemos que se trate de un error y que se reponga el servicio pronto.


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Facebook y los Derechos Humanos

El 16 de marzo de este año, Miranda Sissons, Directora Global de Derechos Humanos de Facebook Inc. presentó la Política Corporativa de Derechos Humanos de esa empresa que es válida para todas sus apps. Es la primera política empresarial de este tipo emitida por una plataforma digital, como se les dicen de manera genérica a las empresas de redes sociales, mensajería instantánea, streaming o cualquier otro servicio que se da en Internet de manera masiva.

La Directora ha expresado el compromiso empresarial con un sinfín de cuerpos legales de defensa de los Derechos Humanos como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial y contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, la de las personas con discapacidad, los Principios de Libertad de Expresión y Privacidad del Global Network Initiative (GNI) y los Principios de la OCDE sobre Inteligencia Artificial, entre varios otros.

Sin duda es un enorme trabajo y un enorme cuerpo de principios al que se compromete Facebook y lo hará además con un fondo de apoyo a los defensores de Derechos Humanos en el mundo. ¿Por qué lo hace siendo que esto implica recursos y un esfuerzo importante de cambio en sus procesos empresariales?

Es una respuesta a presiones que viene recibiendo hace varios años acerca de vulneraciones de Derechos Humanos en sus plataformas relacionadas a libertad de expresión, privacidad, discriminación, discurso de odio, entre varios otros. Estas denuncias hicieron crisis con el escándalo de Cambridge Analytica que implicó el uso de millones de registros personales de usuarios y no usuarios de la plataforma para la supuesta manipulación de elecciones. Mark Zuckerberg confesó ante el parlamento norteamericano que no entendía plenamente los efectos que su plataforma podría estar provocando en la democracia. Se dio cuenta que se había metido en temas grandes y serios que necesitaban otro tipo de soluciones, no solo las tecnológicas.

Será interesante seguir el desarrollo de estas iniciativas que juntan dos mundos, el privado y el público; dos intenciones: la búsqueda de beneficios y la defensa de derechos.

Este debate y sus soluciones están en inglés, responden a la opinión pública de EE.UU. y conversan con Asia y África en inglés, por el momento. Es de esperarse que algo más adelante lleguen a América Latina y conversen acerca de nuestras propias preocupaciones en castellano.

¿Quieres leer la política de DD.HH. de Facebook? Descarga aquí


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La pelea por el sentido

La pelea por el sentido de los sucesos políticos en Bolivia fue descarnada desde octubre 2019 y aún lo es. Se ha dado y se da en espacios políticos y sociales, virtuales y físicos. Ha definido dos polos radicalizados violentos cada uno con mecanismos para reforzarse: exigencias de lealtad, referentes modelo de sus posiciones, capacidad de producción de mensajes y amplia difusión de sus ideas, grupos sociales que recrean y repiten esas posiciones en las redes sociales y otros espacios de interacción social, y grupos sociales violentos en calle.

Lo digo más claro. No hay un solo lado, una sola verdad. Hay al menos dos lados luchando por convertirse en “la” verdad; y muchas veces estas posiciones se tornan violentas provocando reacciones igualmente violentas y victimización del otro polo.

¿Qué sentido está en juego? El sentido de legitimidad de una posición política, es una pelea política por la toma y conservación del poder. Tomo un ejemplo con el respeto que se merecen las personas fallecidas y sus familias. Se han construido varios sentidos acerca de los sucesos de hace un año en la planta de Senkata. Se defiende la posición que la intención de las personas que derribaron el muro de la planta de YPFB era terrorista y pretendían volar media ciudad de El Alto. Hay otra versión: era una lucha por el control de un recurso estratégico de abastecimiento, una presión hacia el gobierno y una reacción a la violencia militar. También se ha mencionado que la intención era recuperar a los cuerpos de las personas fallecidas que habían sido trasladados dentro de la planta.

Cada versión ampliamente difundida en medios de comunicación y en redes sociales tiene una intención de legitimar una posición política y desacreditar la contraria. Se puede debatir que una posición fue más difundida que la otra pero ambas tuvieron mecanismos para hacerlo.

Releo lo que escribo y parecen obviedades: que no hay una sola verdad, que es una pelea política. Pero entonces ¿por qué nos dejamos llevar por un debate altamente emocional, lleno de imprecisiones, de información que con seguridad no conocemos a plenitud y de violencia? Porque las redes sociales nos dan el espacio, porque estamos radicalizados y frustrados, porque queremos creer en esa verdad, porque queremos reducir la incertidumbre que nos lastima.

Les traigo malas noticias. Este tiempo exige mayor dedicación a informarnos por fuentes diversas, la incertidumbre no se reducirá, no es tiempo de certezas. La llave para ser feliz es ser complejos, desarrollar capacidad crítica y respetar las posiciones diferentes. ¡Ah! Y también bajarle a la autovictimización que no ayuda en el debate y, con frecuencia, provoca vergüenza ajena.


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Ciudadanía activa en el desarrollo tecnológico

Las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y la tecnología en general tienen un rol central en nuestras vidas ya sea a través de las redes sociales, la televisión y nuestros celulares como a través de otros mecanismos menos evidentes como los algoritmos que gobiernan las lógicas de las plataformas tecnológicas o la inteligencia artificial que incluye a las computadoras en procesos de análisis y predicción complejos.

Las personas solo vemos y entendemos la etapa del uso de esos procesos complejos de creación: cómo funciona un celular, cómo descargar una app, que se requiere para abrir una cuenta en un servicio, etc. No logramos entender los problemas que implican todos los pasos para llegar a que una tecnología esté en nuestras manos. Esta complejidad, nuestra falta de entendimiento de ella y la creencia de que la tecnología no tiene dinámicas de poder son algunos de los principales temas de debate acerca de la tecnología hoy en día.

El ritmo del desarrollo tecnológico hace cada vez más difícil estar actualizado y tomar posición al respecto de las ofertas tecnológicas, sea un juego con FaceApp que pide datos personales a cambio de mostrar cómo nos veríamos como viejos, o sea una empresa como Google o Cisco ejecutando políticas educativas públicas en un país. Preguntas cómo ¿Está bien jugar con FaceApp siendo que ya tantos servicios tienen nuestros datos de reconocimiento facial (una más qué importa)? ¿O será que es posible tomar decisiones acerca de qué datos personales compartir con qué empresas y bajo qué términos?

En el segundo ejemplo, las preguntas: Si un Estado no tiene la capacidad tecnológica de Google o Cisco ¿el mejor camino para una política educativa de calidad es firmar convenios con estas empresas para que ejecuten políticas públicas tan sensibles como la educación? ¿O existen otros caminos que incluyan la soberanía tecnológica de los Estados y de la ciudadanía a la vez que incluyan desarrollos tecnológicos a los procesos educativos?

Las respuestas no son blanco o negro, no podemos llegar a la conclusión que las empresas de base tecnológica son los actores malos y no hay que trabajar con ellas bajo ningún aspecto o que los Estados siempre quieren usar tecnología para vigilar a su ciudadanía, por lo que hay que enfrentarlos, o que la ciudadanía nunca hace uso abusivo de las tecnologías. Ninguna de estas aseveraciones es completamente real o completamente falsa. Hay debates amplios detrás de cada una de ellas.

Lo que queda, aunque creamos que no hay tiempo para ello, es informarse lo mejor que se pueda, entender que hay juegos de poder en cada fase del desarrollo tecnológico y tomar un rol activo en la defensa de los derechos ciudadanos al usar estas tecnologías.


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¿Son la redes sociales un lugar de deliberación pública?

¿Son las redes sociales y los chats un lugar de deliberación pública? Esta es una pregunta relevante tanto para las democracias como para los negocios, y es investigada hace años e incluso décadas por las ciencias sociales que estudian las tecnologías de información y comunicación se han hecho por años.

Las respuestas han sido variadas, por un lado, se entiende que son herramientas de contacto que permiten que fluya información e incluso que se generen deliberaciones y acuerdos; por otro lado, se sostiene que son herramientas que por su rapidez (y ahora desinformación, fake news y otros aspectos), no permiten una deliberación informada.

Con el inicio de la cotización en bolsa de estas plataformas de redes sociales (lo que sucedió para Facebook el 2012 y para Twitter el 2013), las condiciones han cambiado y muestran un panorama más unívoco en la respuesta a esa pregunta: no son espacios de deliberación pública sino de polarización.

Como cotizan en bolsa, para que sus acciones suban deben mostrar que tienen muchos usuarios que se incrementan constantemente y que esos usuarios son activos, es decir, que no son cuentas muertas. Por lo que uno de los grandes problemas que deben resolver estas empresas es ¿cómo incrementar las interacciones entre usuarios? Como las interacciones extremas, violentas, no conciliadoras tienden a consolidar más apoyos y también más interacciones de disgusto porque quienes apoyan la posición, saldrán a defenderla y quienes se sienten molestos por ella, lo expresarán incluso foribundamente, los mensajes que les funcionan mejor a las empresas de redes sociales son los que tienen un carácter polémico.

Continuando con la explicación, habrá que entender si hay alguna forma en que las empresas pueden motivar este tipo de interacciones polémicas. Y sí, eso es posible a través de algoritmos que privilegien posts con más interacciones en la parte de arriba del muro o timeline. Incluso, podrían entender qué gustos tiene cada usuario y usuaria, y hacer que aparezca opiniones contrarias de vez en cuando. La verdad es que se sospecha que los algoritmos funcionan de esta manera, al menos en parte pero no se puede saber con certeza porque las empresas no han hecho caso a las demandas por transparentar sus algoritmos que se les viene haciendo hace al menos 7 años.

Las redes sociales como Facebook y Twitter, y los servicios de mensajería como Whatsapp y Telegram difícilmente sirven para generar deliberación de temas públicos, menos generar consensos públicos. Por esto, no son espacios limpios para el debate democrático. Como usuarios y usuarias será bueno entender que nuestras interacciones en esos espacios no son un debate libre, informado y sano.


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Datos abiertos

Los datos abiertos son una expresión de la cultura libre que propone poner a disposición de cualquier interesado bases de datos de interés público sin ninguna restricción legal, de acceso, tecnológica, etc. y no solo para los seres humanos sino también para computadoras que puedan combinarlos con otras bases de datos.

Se hace presión especialmente para abrir bases de datos de gobierno para promover la transparencia en la gestión pública, esto tiene lógica ya que el presupuesto que las entidades de gobierno ejecutan es dinero de los impuestos de la ciudadanía, por tanto, se deberían poder controlar socialmente.

Además, se dice, la sociedad civil así como la prensa participarían activamente utilizando esos datos abiertos ejerciendo su derecho de control social de las acciones de gobierno (Ley No. 341). Es decir, estos actores usarían herramientas estadísticas para indagar en las bases de datos y proponer mejoras en las políticas públicas y encontrar evidencias de corrupción para hacer denuncias.

Ese es el modelo de datos abiertos gubernamentales y parece representar un paso más adelante en la idea de la transparencia gubernamental pero hay un par de supuestos que vale la pena revisar.

Primero, se asume que sociedad civil y periodistas usarán las bases de datos abiertas y eso no sucede tanto como se esperaba porque estos actores requieren adquirir habilidades nuevas en la mayor parte de los casos, habilidades de análisis y manejo estadístico, habilidades de story telling y de visualización del análisis de esos datos para que se entiendan fácilmente. Son barreras altas para usar apropiadamente esos nuevos recursos que son las bases de datos y en Bolivia esas nuevas habilidades se están adquiriendo lentamente.

Segundo, siendo que la materia prima de parte de la economía digital son los datos, vale la pena preguntarse si estos datos gubernamentales que se abren en Bolivia, Paraguay o Argentina, por mencionar algunos países, puedan ser utilizados por otras entidades con mayores habilidades para analizar esas bases de datos y generar negocios o esquemas de control ciudadano, por ejemplo. Me refiero a otros gobiernos que tienen más tradición de desarrollo de capacidades locales en áreas de estadística y matemática o empresas que suelen estar basadas en los países del norte.

¿Significa esto que no debemos abrir datos gubernamentales? No lo creo, debemos apostar por la apertura de esos datos como materia prima de mayor transparencia de gestión pero a la vez, hacer un doble esfuerzo por generar capacidades locales en la sociedad civil, los medios masivos, las empresas y los mismos gobiernos para que puedan usar esas bases de datos abiertas apropiadamente.


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La tiranía de los grupos de Whatsapp

Whatsapp es el sistema de mensajería digital más usado en Bolivia, tiene más usuarios que Facebook. En nuestras vidas en Whatsapp es común formar parte de grupos y los hay de todas las temáticas posibles: los grupos de amigos de la época de colegio o de la universidad, grupos de padres y madres de familia, grupos de familia, grupos políticos e incluso grupos de distribución de alimentos de granja. Y la mayoría, suelen ser un martirio.

La administración o moderación del grupo es fundamental y cuando no existe o no tiene claras algunas normas básicas de respeto, aquello tiende al deterioro, al caos y a la tiranía.

Quiero compartir un par de casos a modo de catarsis.

Caso 1. Las solidarias tiranas.

Este personaje que cree la solidaridad es el valor mayor, en cualquier caso: el perrito perdido, la mujer golpeada, el árbol caído, el carnet de identidad encontrado, la situación de Venezuela, una declaración política fallida como una prueba irrefutable de maldad, una ballena encallada, etc. Esta persona decide publicar todos los mensajes relacionados a estas alertas en todos los grupos a los que pertenece porque, obvio, todas las personas tenemos el deber de ser solidarias.

En mi caso personal, no importó que el grupo se hubiera establecido para vender pollos, la denuncia de persona perdida, la alerta contra una organización política y un llamamiento a orar a Dios todos los días y a todas horas fueron más importantes con un colofón agresivo y de película: “si no quieres leer el mensaje, borralo pues”. Y una otra sugerencia a la administradora igualmente tiránica de alguien que no quería ese spam en el grupo: “Si no respetan las normas del grupo, sácalas del grupo.” Ni la conversación ni el respeto a las razones de cada persona para estar en grupo son opción para guiar decisiones, la única opción es la imposición.

Caso 2. La gente con iniciativa

En un grupo tuvimos la ingrata noticia que una amiga estaba muy delicada de salud y que necesitaba ayuda. Se comenzaron a organizar acciones para llevar adelante eventos de recaudación de fondos. Todo bien hasta aquí pero alguna de las personas más activas del grupo tuvo una idea, crear un grupo temporal e incluir en ese nuevo grupo a algunas personas que se habían salido del grupo original excusándose o simplemente eliminando sus números. No se le podía ocurrir respetar la decisión de las personas que habían decidido salir del grupo y escribir una a una informando de la situación y consultando si querían ser incluidas, claro que no, era mejor abrir un otro grupo e incluir a esas personas sin consultarles porque, por supuesto, no hay razón para respetar a nadie en un caso tan grave como ese, ¿no?

¡En Telegram todo es tan diferente! Estoy convencida que otra mensajería es posible.


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Normativa acerca de datos personales en Bolivia

En los últimos tres meses se han aprobado cuatro normas referentes a gobierno electrónico y la relación del gobierno con la ciudadanía en Bolivia: el decreto 3525 de lineamientos y herramientas para el Gobierno digital, la modificación de la Ley electoral para permitir la interoperabilidad de datos de SEGIP y SERECI, la modificación a la Ley de Migración que abre la posibilidad del voto electrónico en el exterior y la Ley de ciudadanía digital que ha sido aprobada en la Cámara de Diputados la semana pasada.

Esto es una muestra de la voluntad de al menos una parte del gobierno para impulsar la modernización del Estado y que la ciudadanía no tenga que seguir sufriendo trámites engorrosos, con colas interminables y gastos de traslado a la sede de gobierno para hacer trámites que requieren sí o si la presencia física de la persona interesada para realizarlos.

Sin embargo, han surgido dos observaciones centrales tanto de parte de algunos sectores de oposición en la Asamblea legislativa como de parte de algunas personas e instituciones de sociedad civil. La primera observación es que faltó abrir el debate a la ciudadanía. En otros países, los debates legislativos acerca de voto electrónico o de interoperabilidad de datos personales han tomado años y aquí se han resuelto en pocas semanas. Entiendo que es normativa necesaria para la eficiencia en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía pero la elaboración de normativa tiene que inclusiva y ser consultada por sectores que pueden aportar para efectivamente poner al ciudadano y ciudadana en el centro del proceso.

La segunda observación se refiere a que más allá de resolverle temas cotidianos a la ciudadanía -los ya mencionados acerca de tiempo, dinero y molestias en trámites estatales- el enfoque centrado en la ciudadanía debe tomar en cuenta derechos humanos en Internet tales como privacidad, privacidad de datos personales, voto secreto, acceso a tecnologías de información y comunicación, y libertad de expresión que no están reflejados en estas normas de una manera clara. Por ejemplo, si un funcionario hace uso abusivo de datos de la ciudadanía, digamos vende parte o toda una base de datos, ¿cuál es el procedimiento para que la ciudadanía proteja sus derechos? ¿Las sanciones serán solo administrativas o penales?

Otro tema es acerca de la accesibilidad de la ciudadanía, solo el 34% de los internautas usan Internet para acciones más complejas como trámites en línea. ¿Qué se hará con el restante de internautas y con los que no son internautas todavía? Estas normas deberían contemplar procesos masivos de alfabetización digital para reducir brechas de habilidades tecnológicas.


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Seguridad en web

Alguna jerga que era exclusiva de especialistas en seguridad informática como encriptación, llaves públicas y privadas, virus de espionaje o navegación incógnita han pasado a ser utilizadas y no solo como jerga sino como prácticas cotidianas de navegación y uso de Tecnologías de Información y Comunicación entre periodistas y activistas de derechos humanos en América Latina.

Es una forma de protegerse de ataques que pretenden apoderarse de su información y la de sus fuentes y redes de trabajo. Estos ataques de seguridad informática son dirigidos, es decir, no se hacen a una masa sino a individuos específicos. Esa fue la forma de operar en el caso de #GobiernoEspía en México que ya se ha tratado en esta columna.

Estos ataques son frecuentes en momentos de convulsión social y política cuando grandes intereses económicos y políticos se ponen en riesgo como está sucediendo en Nicaragua. Pero también cuando se debaten leyes que podrían resquebrajar ideologías y espacios de poder como son las Leyes de despenalización del aborto en varios países, Chile y Argentina, entre los casos más recientes.

La privacidad de las comunicaciones está protegida en su forma física y digital por tratados internacionales de derechos humanos y por diversas normativas de nivel nacional, también en el caso de Bolivia. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado, artículo 25 dice: “II. Son inviolables la correspondencia, los papeles privados y las manifestaciones privadas contenidas en cualquier soporte, éstos no podrán ser incautados salvo en los casos determinados por la ley para la investigación penal, en virtud de orden escrita y motivada de autoridad judicial competente.” Por tanto, una intervención en la comunicación por correo electrónico o la parte privada de alguna red social o sistema de mensajería es ilegal pero aún así estos ataques informáticos se siguen dando.

Por esto, es aconsejable remangarse y comenzar a aprender algunas herramientas de “autodefensa digital”. Busque esas dos palabras en Google y encontrará mucho material, y si quiere algo más específico incluya “para periodistas” o “para activistas” o “para feministas” y encontrará material muy valioso para comenzar y luego profundizar.

Mientras más personas aprendamos a gestionar estas herramientas será mejor. La seguridad informática es una cuestión de grupos de confianza. Dicho de otra forma: de nada sirve que una persona siga todas las recomendaciones de seguridad si sus colegas en la oficina o los miembros de su familia no lo hacen porque crean huecos de seguridad enormes, por los que la información y los datos salvaguardados por uno o una se ponen en riesgo por las acciones de los otros.