Internet a la boliviana

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Noticias falsas

El nuevo fenómeno de las dos últimas semanas en la vida pública digital, e incluso en la vida pública presencial, han sido, sin duda, las noticias falsas. Hemos visto y escuchado en nuestras pantallas noticias y mensajes de escasez de gasolina, amenazas de estados de sitio, sobre la existencia de armamento en el Chapare, paramilitares asesorados por rusos, entre otras noticias que resultaron no ser reales.

Las noticias falsas no tienen fuente identificable. Son alarmistas. Su contenido es predominantemente emocional, lo que ayuda a su viralización. No tienen datos que las respalden o los datos son falsos y no se verifican; y, ante todo, son difundidas por cada uno de nosotros y nosotras.

Acerca de fuentes no identificables, por ejemplo, se escucha un audio pero la persona que habla no se identifica; o se lee un texto que dice “desde el Colegio de Abogados de La Paz”, pero no se menciona el nombre de la autoridad de esa institución que estaría declarando. El texto utiliza signos de admiración, palabras superlativas como terrible, enorme o inadmisible. Estos son los contenidos emocionales. El tono intenta alarmar, y suele lograrlo. Prueba de ello son las largas colas que se organizaron días atrás en las gasolineras por un rumor sobre el posible desabastecimiento de ese carburante, a pesar de la aclaración gubernamental de la normalidad en su distribución.

Algunos, con ánimo analítico, dicen que estas son pruebas de la pérdida de credibilidad del Gobierno. Es probable. Sin embargo, el punto que me interesa es otro, los mensajes han sido tantos y tan frecuentes y, la verdad, bien hechos, que me parece que son producto de un trabajo organizado y planificado de empresas de comunicación masiva; ¿o cabe la posibilidad de que todas estas expresiones sean espontáneas? Por su frecuencia y viralización, no lo creo.

A mi parecer, hemos ingresado no solo a una etapa de enrarecimiento del debate público en internet, sino que esta etapa está operada en gran medida de manera organizada y profesional. Y aunque parece que no estoy diciendo una novedad, ya que varios usuarios de las redes sociales han percibido la emergencia de tropas de trolls y bots, entre otros bichos feos de la web, en realidad la novedad es que estas acciones estarían operadas por empresas y profesionales; operaciones a las que varios le hacemos el juego al compartir noticias sin fuente verificable, alarmistas, con contenido predominantemente emocional y datos falsos. Sin duda, un momento interesante para observar la web boliviana, pero triste también.

(Artículo publicado en el periódico La Razón del 22 de enero de 2018 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Noticias-falsas_0_2861113863.html)

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Fraudes en internet

En los últimos meses, los mensajes intentando hacer caer a personas en un fraude o noticias falsas que se difunden por Facebook y WhatsApp son casi diarias. Por ejemplo, mensajes fraudulentos de reclutamiento de personal para algunos supermercados sucedieron en época navideña. La persona interesada debía depositar un monto a través de Tigo Money para que le llegue un certificado de habilitación con el que se presentaría a trabajar al supermercado más cercano a su casa. O mensajes que anuncian el haber ganado premios y dan un número de celular para comunicarse y reclamar los premios.

Acerca de noticias falsas, suelen ser de tono político. Como esa de un supuesto jurado que había recibido capacitación de un funcionario del Tribunal Supremo Electoral mencionando que para anular un voto se debía marcar al menos en ocho casillas de candidatos y que una cruz grande encima de todos no iba a ser válida. Aunque también las hay de tipo empresarial. Un ejemplo fue aquella cuando se cayó un techo falso (nada grave) en el Megacenter, y se publicaron en Facebook fotos de uno de los supuestos pilares de aquel complejo recreativo dañado, dando a entender que había la posibilidad de que toda la estructura pudiese ceder.

La mayoría de los usuarios no está preparado para hacer frente a mensajes de este tipo y varios caen en el fraude o creen en las noticias falsas, y las comparte entre sus contactos porque las considera importantes. Debemos aprender algunas prácticas de seguridad básicas. Debemos preguntarnos algunas cosas antes de creer en cualquier mensaje aunque llegue de alguna de las personas más confiables de nuestras relaciones.

Hay que entender que esas personas también pueden pecar de crédulas.

La primera pregunta es si la persona que escribe el mensaje es alguien reconocible (no quien envía el mensaje, sino quien lo ha escrito). Una característica de los rumores es que no tienen fuente identificable. Si el mensaje dice: “Soy un jurado electoral que…”, la pregunta es ¿cuál es el nombre de esa persona que dice ser jurado electoral? ¿La conozco?

La segunda pregunta es ¿he hecho algo para ganarme ese premio? Si me he comprado un billete de lotería hay una posibilidad de que me gane el premio, pero si no compré ningún billete, ¿es lógico ganármela? O ¿cuál sería la razón para ganarme un auto si no he participado de ningún concurso?

Si se trata de una noticia falsa uno debe preguntarse ¿hay otros medios reconocidos que estén reportando esa noticia? Aquí los medios tienen una alta responsabilidad en verificar la veracidad de las noticias que publican y no solo publicarlas porque las vieron en un sitio en internet. Esos, algunos consejos para tener una navegación más sana, productiva y libre de riesgos.

(Artículo publicado en la versión impresa del periódico La Razón del 8 de enero de 2018 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Opinion_0_2852714704.html)

 


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Soberanía tecnológica

Como sociedad, estamos acostumbrados a una forma de relacionarnos con la tecnología, es una relación en la que somos consumidores, estamos convocados, pero solo para comprar, ya sea un mejor teléfono celular, una laptop nueva, un juego para consola, un sistema de vigilancia para la oficina o más crédito para el celular. No pensamos que podemos crear nueva propia tecnología, no solo consumirla.

En el sistema mundial de tecnología nuestro país, y nosotros como parte de él, no tiene un rol activo de creación de tecnología, sino un rol pasivo de consumo. Y hemos asumido tanto ese rol que, por ejemplo, nos parece una gran noticia que algún muchacho o muchacha cree un robot o una nueva aplicación para celular, es tan raro, tan inesperado, que lo apreciamos como algo noticiable.

Incluso hay personas que invierten esfuerzos en desempeñar mejor su rol de consumo y se informan acerca de lo último en smartphones, computadoras y otros equipos de tecnología de comunicaciones, y hacen esfuerzos para adquirirlos.

En una escala mayor, entre los profesionales de informática a cargo de las unidades de tecnología de empresas e instituciones pasa algo similar. Su práctica más común es contratar una empresa, muchas veces una extranjera, que les provee equipos y software, y cuando tienen algún problema, solo levantan el teléfono para solicitarle soporte; imposible pensar en resolver los problemas por sí mismos, los softwares y equipos están cerrados, es un delito abrirlos para aprender. Claro, cuando a estos informáticos se les propone crear su propia tecnología, dudan de sus capacidades, se han acomodado en el rol de facilitadores de consumo tecnológico. En descargo, habrá que mencionar que algunas compañías invierten en algún desarrollo de software, aunque prácticamente nada en desarrollo de hardware.

Si subimos un escalón más, en el Estado tampoco es común que se desarrolle tecnología propia. Si vamos por lo básico, los correos electrónicos que usan los funcionarios suelen ser de servicios gratuitos de empresas como Hotmail y Gmail. Y si miramos lo grande, los servidores que almacenan la información que consumimos y la escasa que producimos suelen estar fuera del país; y lo propio pasa con el software de bases de datos, de monitoreo, de seguridad… Sí, ya lo saben, no nos pertenecen, solo pagamos por una licencia para usar, no para conocer ni para transformar.

Estos casos son muestras de la negación a nosotros mismos de apropiarnos soberanamente de la tecnológica que usamos, porque no se nos ocurre que algo así sea posible. Esta apropiación requiere más esfuerzo, es verdad, pero vale la pena, porque el resultado es ampliar nuestras opciones para tener una mejor vida y mejorar nuestros ingresos.

(Artículo publicado en el periódico La Razón del 22 de agosto de 2016 http://la-razon.com/index.php?_url=/opinion/columnistas/Quiroz-La_Razon-opinion-Bolivia_0_2550344944.html)


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Internet y sociedad en Bolivia

Internet es un espacio tecnológico y, a la vez, un espacio social. Estas dos dimensiones pueden asemejarse a la oferta y demanda. Por un lado, la oferta sería el componente tecnológico: la fibra óptica, el satélite Túpac Katari, los celulares con aplicaciones que tenemos en el bolsillo y cosas más técnicas como el PIT, la firma digital, las placas de arduino, el big data. Por otro lado, la demanda estaría constituida por las dinámicas sociales que exigen avances tecnológicos para satisfacer las necesidades de nuevos usos políticos, económicos, culturales o de socialización, así como las necesidades de mayor eficiencia o mayor acceso a la información y al conocimiento.

De esta manera, se entiende que Internet es una plataforma de dinámicas sociales que reclaman innovaciones tecnológicas, es decir, que tienen la capacidad de cambiar la forma de la tecnología y sus características. El proceso inverso también es posible: la tecnología, con su enorme capacidad de oferta, puede cambiar las dinámicas sociales y, de hecho, lo hace.

Bolivia y su Internet. En los últimos cinco años, estos cambios han sido evidentes. El uso de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y varias otras aplicaciones de redes sociales ha transformado el acceso a la información; y la posibilidad de acceder a esa información en cualquier momento y lugar a través de las conexiones móviles —que constituyen el 96% de las conexiones a Internet en Bolivia (ATT, 2016)— ha modificado las prácticas sociales.

Un ejemplo en Bolivia es el efecto que algunos le atribuyen al uso de estas herramientas en el resultado del referéndum constitucional de 2016. Unos opinan categóricamente que el resultado se debió a las redes sociales, otros descalifican este criterio argumentando que sin real politics las redes sociales no hubieran logrado nada. Otros —los más conectados con las tendencias globales— relacionan este fenómeno con el Brexit y la elección de Trump, y hablan de la posverdad, un fenómeno de masas en el que se toman decisiones basadas principalmente en la emocionalidad, (como si antes de este evento las decisiones en procesos plebiscitarios hubieran sido tomadas únicamente con bases racionales). En todo caso, el debate político del referéndum pone en el centro a las dinámicas sociales virtuales y a las tecnologías de Internet.

Un libro, Bolivia Digital. Estas relaciones entre Internet y sociedad y los cambios que una inspira en la otra son el hilo conductor del libro que se presentará esta semana en La Paz con el nombre de Bolivia Digital, editado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Este libro pretende facilitar el acceso a datos acerca de los usos de Internet en Bolivia y a reflexiones de más de veinte especialistas ingenieros, comunicadores, abogados, economistas, pedagogos, psicólogos y filósofos.

Territorialización de Internet. El 40% de la población boliviana, urbana y rural, mayor de 18 años usa Internet. Es un dato de 2014 en LAPOP y de la Encuesta de Hogares-INE del 2015. Esto no significa que todos los usuarios de Internet tienen conexiones de calidad y aprovechan todos los beneficios de estar en Internet, sino que hay diversas calidades de conexión, las más frecuentes son las conexiones móviles desde un celular, móviles desde la casa y en cafés Internet o telecentros. Lo más común en Bolivia son las conexiones de calidad media y baja.

Esto genera brechas entre quienes se conectan y quienes no, pero también entre quienes tienen conexiones de buena calidad y quienes se conectan con baja calidad. El uso que se da a una conexión ADSL en casa —una conexión que no tiene límite de descarga, con tarifa única pospago, se use mucho o poco— tiende a ser más beneficiosa que una conexión en el celular con compra de paquetes de 60 megas diarios por Bs 2. Con una conexión ADSL se puede estudiar un curso en línea que tenga videos y descargar los textos para leerlos offline; o se puede llenar un formulario de postulación a un trabajo, enviarlo con adjuntos; o se puede grabar un video, editarlo y publicarlo en alguna plataforma digital. Todas estas actividades son muy difíciles o imposibles de realizar con una conexión en el celular, sea prepago o pospago.

Este fenómeno de experiencias de Internet diferenciadas se denomina territorialización de Internet en el libro Bolivia Digital, que es una evidencia de nuestra condición periférica en los procesos tecnológicos relevantes mundiales, lo que determina el rol de consumidores pasivos más que de productores activos.

Las noticias acerca de la creación de un brazo robótico, o de un boliviano que fue elegido para trabajar en Google, o de software estatal desarrollado con software libre son noticias precisamente por la rareza de esos eventos, y no son muestra de inclusión en los procesos de globalización, sino de nuestra condición periférica.

Soberanía tecnológica. Existen más de 4 millones y medio de cuentas en Facebook creadas en Bolivia. Esto significa que prácticamente todos los usuarios bolivianos de Internet tienen cuenta en esa red social. No es de extrañar, por tanto, que gran parte de las actividades en Internet se realicen en redes sociales, desde leer noticias, comprar y vender los más diversos bienes, chatear con amigos o grupos de amigos, hasta hacer convocatorias para encuentros políticos.

No sin razón se dice que la mitad del mundo de Internet le pertenece a Google y la otra mitad, a Facebook. Y tanto en un mundo como en el otro toda la información que se comparte en ellos es grabada a su paso por los servidores que están en países del norte.

Esto es un reflejo del escaso control que tenemos de la tecnología que usamos. Por tanto, una idea recurrente en Bolivia Digital es precisamente la necesidad de ser más dueños de la tecnología que usamos y de la información que compartimos, es decir, promover nuestra soberanía tecnológica.

(*) Bolivia digital. 15 miradas acerca de Internet y sociedad en Bolivia, Eliana Quiroz (coordinadora), es una publicación del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) (Vicepresidencia del Estado) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Será presentado el jueves 9 de marzo a las 19.00 en el Salón Auditorio del Palacio de Comunicaciones, por Álvaro García, Eliana Quiroz y George Gray Molina.

(Artículo publicado en la version impresa del suplemento Animal Político del periódico La Razón swl 12 de marzo de 2017 http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Internet-sociedad-Bolivia-animal-politico_0_2668533155.html)


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Regulación y libertad de expresión

Regulacion-libertad-expresion

El debate acerca de la regulación de los contenidos que se publican en las redes sociales vuelve a surgir de tanto en tanto en nuestro país. Algunos usuarios denuncian que estas intenciones regulatorias van en contra de la libertad de expresión de la ciudadanía, mientras que algunas autoridades mencionan que no se pueden permitir contenidos delictivos. Entonces, surgen cuestionamientos acerca de los límites de la libertad de expresión en espacios digitales: ¿Se puede amenazar de muerte ya sea al Presidente o a cualquier persona en las redes sociales? ¿Podemos insultar o calumniar a alguien en redes sociales? ¿La solución es vigilar comunicaciones públicas y privadas en redes sociales, o prohibirlas?

Lo primero que se debe aclarar es que las redes sociales que usamos masivamente en Bolivia son espacios privados, les pertenecen a las empresas que han desarrollado el software y las administran, sea Facebook, Twitter, WhatsApp u otra. Así que lo que sucede en esos espacios digitales está regulado por el contrato de Términos de Uso que todos aceptamos al abrir una cuenta. Si bien es cierto que casi nadie lee esos términos antes de marcar el cuadradito de aceptación, esas son las reglas de comportamiento en las redes sociales y es mejor conocerlas. El Estado boliviano puede hacer muy poco en esas relaciones, ya que suceden entre privados (una empresa y una persona) y se regulan bajo las leyes de otros Estados.

¿Qué dicen esos términos acerca de contenidos difamatorios, de amenazas, apología del delito u otros más graves como la trata de personas y la extorsión en línea? Facebook, la red social más usada en Bolivia, señala: “No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios” y también: “No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario”. El procedimiento en caso que esto suceda es enviar una denuncia a la administración de la red social para que borre los contenidos o elimine una cuenta, grupo o página. ¿Solo eso? Nada más porque las redes sociales no tienen un poder judicial que procese delitos. Como máximo, estas empresas pueden facilitar indicios de prueba para un proceso.

En caso de delitos como difamación, amenazas a la integridad o cualquier otro, se deben iniciar procesos en el marco de la normativa de cada país. Sin embargo, un problema común en estos casos es la identificación de la identidad de la o las personas que estarían publicando esos contenidos. Es difícil de probar, ya que la persona puede negar ser la autora de la publicación y más aún si es un anónimo. Se requiere pasos adicionales para saber quién verdaderamente publicó los mensajes. En este caso, se puede pedir el IP (número de identificación de la conexión a internet) y el correo electrónico asociado a la cuenta, a la administración de la red social. Estas empresas pueden negar esa información de acuerdo con sus propios criterios; pero si la solicitud es realizada en el marco de un proceso judicial, lo más probable es que no lo nieguen.

Como vemos, existen procedimientos empresariales y judiciales para tratar estos delitos que se cometen en línea, por lo que en ningún caso se puede justificar la vigilancia masiva de comunicaciones privadas en internet, sea de parte de empresas o de gobiernos.

Sin embargo, cuando se trata de un funcionario público es diferente. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional “el delito de desacato por ser desproporcional las restricciones que genera respecto a la libertad de expresión” (sentencia 1250/2012) y explica: “las autoridades como personajes públicos son sujetos permanentes de críticas, por lo que el tipo penal de desacato limita desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”.

Esto significa que la ciudadanía tiene el derecho de emitir juicios acerca del ejercicio de la función pública de autoridades que pueden ser juzgados como injurias o calumnias como en cualquier proceso normal judicial sin gozar de un status especial como el que daba la figura de desacato.

 

(Publicado en edición impresa del suplemento Animal Político de La Razón el 23 de julio de 2017 https://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Regulacion-libertad-expresion_0_2749525084.html)


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Peligros en la web

El internet de hoy no es el mismo que aquel que vivimos hace 10 o 20 años. No solo ha cambiado la tecnología, sino también la forma social de apropiarse de la red. Si bien las plataformas de redes sociales han cambiado las posibilidades y usos de las tecnologías de información y comunicación, y las han popularizado quebrando el monopolio que tenían sobre ellas empresas e ingenieros informáticos, también los seres humanos hemos hecho mucho, bueno y malo, para cambiar los usos que hacemos de ellas, y entre los malos usos que hemos aprendido socialmente a darle a estas redes sociales y otras herramientas digitales están las noticias falsas, el discurso de odio, las cuentas falsas, los bots y la violencia que ejercemos es estos espacios virtuales.

Es muy frecuente escuchar historias de amigos y amigas que involucran suplantación de identidad, trolls, ciberbullying e incluso trata de personas contactadas por internet y pornografía infantil. Hace poco me encontré con un amigo en la calle después de varios años. Lo primero que me comentó fue que su hijo menor de edad había sido contactado por chat por un amigo de la familia de unos 40 años, quien después de desarrollar confianza con él comenzó a pasarle fotografías íntimas y estaba exigiéndole lo mismo. Este amigo me confesó que no sabía qué hacer, porque quería evitar que ese comportamiento se repita con otros niños, no solo que ya no tomara a su hijo como víctima. Me preguntó si podía y era aconsejable denunciar en la Policía, si podía obtener pruebas de estos contactos que sean válidas en un juicio, si hay abogados informáticos en el país.

Este es el caso de varias personas en Bolivia actualmente. La seguridad informática ya no es un tema de especialistas; ahora todos necesitamos aprender cómo reconocer noticias falsas para no compartirlas, creando pánico como en el caso de la Joyería Cronos; requerimos entender cómo nos contagiamos de virus que se apoderan de la información de nuestros celulares y computadoras, y cómo esto pone en riesgo a nuestros hijos; necesitamos entender cómo reconocer cuentas falsas, bots, discursos de odio, trolls… para no caer en sus juegos violentos; necesitamos saber cómo actuar frente a una ciberextorsión.

Todas estas habilidades están prácticamente ausentes actualmente entre los y las usuarios de internet, y es obligación tanto de gobiernos como de empresas de telecomunicaciones orientar y enseñar comportamientos más seguros, para reducir las vulnerabilidades de sus clientes y de la ciudadanía en general. Es una labor urgente y que debe ser encarada con responsabilidad; no se resuelve con un par de videos, se requiere políticas más comprometidas.

 

(Punlicado en edición impresa de La Razón el 11 de diciembre de 2017 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Peligros-web_0_2835916383.html)


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Cambridge analytica: ganadores y perdedores en la Sociedad de Conocimiento

El escándalo del supuesto abuso de privacidad de datos que ha realizado la empresa Cambridge Analytica en dos procesos de elecciones ha marcado las dos últimas semanas de actualidad mundial. Los dos procesos a los que refieren son las presidenciales de EE.UU. de 2016 que dieron por ganador a Trump y el referendum acerca de la salida del Reino Unido de la Unión Europa, que se llamó Brexit.

Cambridge Analytica ha logrado armar una base de datos de electores con información de 50 millones de perfiles de Facebook y ha procesado estos datos de manera que ha definido algo más de 30 perfiles de votantes a quienes se les dirigía mensajes producidos específicamente para cada perfil. Esto, opinan algunos expertos, manipuló la opinión pública y la intención de voto favoreciendo la elección de Trump y el sí por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ambos procesos en los que Cambridge Analytica estaba contratada como empresa de análisis de datos y de comunicación política.

Lo que esta empresa ha hecho, en una primera parte, no difiere de lo que la mayoría de empresas de Internet hacen legalmente pero con implicaciones éticas que están actualmente en acalorado debate: extraer datos personales de sus usuarios y usuarias con su consentimiento firmado pero sin entendimiento real de las implicaciones en sus vidas ni de los datos que acceden a compartir. El modelo de negocios que se ha impuesto en Internet es este, las empresas extraen nuestros datos incluso por solo navegar en sus sitios web, estas se hace con cookies que se anuncian cada vez que estamos navegando en un sitio, y luego las procesan o las venden a terceros.

La segunda parte es lo diferente, la capacidad de procesamiento de datos que pocas empresas tienen. Es decir, el modelo teórico y algoritmico que permite procesar esos datos para definir perfiles en un ejercicio de microsegmentación de público votante. En la sociedad de conocimiento es ganador quien tiene la capacidad de procesar datos para resolver necesidades o fundar negocios. Quienes solo acceden a datos, los ordenan y los limpian, son los perderores de la historia, que son la mayoría de las empresas de base tecnológica.

Entonces ¿es ilegal procesar datos? ¿Es ilegal procesar datos para hacer perfilamiento de votantes y dirigirles mensajes? ¿Es ilegal conseguir datos de Facebook que establece en el contrato con cada usuario y usuaria que podrá darlos a terceros con motivos de marketing? Parece que nada de esto es ilegal pero tiene implicaciones en aspectos como la calidad de la democracia, la libertad de expresión, el acceso a la información y la privacidad de datos. El juicio implantado en el Reino Unido está debatiendo estos temas.