Internet a la boliviana

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Datos abiertos

Un grupo de gente especializada en comunicación, periodismo, informática, diseño web y políticas públicas; junto a activistas y entidades de cooperación internacional en América Latina se han organizado desde el 2013 para promover la apertura y el uso de datos abiertos que beneficien a la sociedad y mejoren las políticas públicas. Se reúnen anualmente en un evento que se llama Abrelatam.

A su vez, los gobiernos se han organizado en torno a esta misma temática, los datos abiertos de las administraciones públicas, y también se reúnen anualmente en otro evento regional latinoamericano, que se llama ConDatos. Todos los años se aprovecha la concurrencia de ambos eventos para hacerlos uno inmediatamente después del otro. Este año se realizarán en Costa Rica.

Aunque podría parecer que, al compartir el lugar del evento y parte de la concurrencia, no existen grandes desencuentros entre sociedad civil y gobiernos, los acuerdos no siempre están presentes. De hecho, un grupo de activistas ha sido protagonista de dos eventos de apertura de datos muy importantes que han tenido niveles de escándalo: uno a nivel global como es el #PanamáPapers, que reveló el ocultamiento en un paraíso fiscal de propiedades de empresas, activos, ganancias y evasión tributaria de jefes de Estado y de gobierno y líderes de la política mundial, entre otros.

El segundo caso es el de la constructora brasileña Odebrecht, que habría sobornado a funcionarios públicos de al menos 10 países latinoamericanos (Argentina, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela), durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas. Por este caso, el expresidente del Perú Ollanta Humala y su esposa han sido encarcelados y la investigación sigue.

Ambos eventos, más el de #GobiernoEspía en México (un caso de espionaje gubernamental a periodistas y activistas de derechos humanos); además de un quiebre de la representación de la sociedad civil en las reuniones de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), cuyos miembros decidieron salirse de la reunión, ponen un contexto complicado para el evento de Abrelatam y ConDatos en Costa Rica a finales de agosto.

Mientras tanto, en el país se ha aprobado entre funcionarios públicos una norma técnica para orientar la adecuación y apertura de datos del sector público. Sin embargo, parece que no existen más avances en esta política y solo unos pocos representantes de la sociedad civil participan y se enteran. Es un tema delicado, como lo muestran los casos internacionales, pero no parece importarle mucho ni al Gobierno ni a la ciudadanía.

 

(Artículo publicado en la versión impresa del periódico La Razón de 24 de julio de 2017 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Datos-abiertos_0_2751324867.html)

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Noticias falsas

El nuevo fenómeno de las dos últimas semanas en la vida pública digital, e incluso en la vida pública presencial, han sido, sin duda, las noticias falsas. Hemos visto y escuchado en nuestras pantallas noticias y mensajes de escasez de gasolina, amenazas de estados de sitio, sobre la existencia de armamento en el Chapare, paramilitares asesorados por rusos, entre otras noticias que resultaron no ser reales.

Las noticias falsas no tienen fuente identificable. Son alarmistas. Su contenido es predominantemente emocional, lo que ayuda a su viralización. No tienen datos que las respalden o los datos son falsos y no se verifican; y, ante todo, son difundidas por cada uno de nosotros y nosotras.

Acerca de fuentes no identificables, por ejemplo, se escucha un audio pero la persona que habla no se identifica; o se lee un texto que dice “desde el Colegio de Abogados de La Paz”, pero no se menciona el nombre de la autoridad de esa institución que estaría declarando. El texto utiliza signos de admiración, palabras superlativas como terrible, enorme o inadmisible. Estos son los contenidos emocionales. El tono intenta alarmar, y suele lograrlo. Prueba de ello son las largas colas que se organizaron días atrás en las gasolineras por un rumor sobre el posible desabastecimiento de ese carburante, a pesar de la aclaración gubernamental de la normalidad en su distribución.

Algunos, con ánimo analítico, dicen que estas son pruebas de la pérdida de credibilidad del Gobierno. Es probable. Sin embargo, el punto que me interesa es otro, los mensajes han sido tantos y tan frecuentes y, la verdad, bien hechos, que me parece que son producto de un trabajo organizado y planificado de empresas de comunicación masiva; ¿o cabe la posibilidad de que todas estas expresiones sean espontáneas? Por su frecuencia y viralización, no lo creo.

A mi parecer, hemos ingresado no solo a una etapa de enrarecimiento del debate público en internet, sino que esta etapa está operada en gran medida de manera organizada y profesional. Y aunque parece que no estoy diciendo una novedad, ya que varios usuarios de las redes sociales han percibido la emergencia de tropas de trolls y bots, entre otros bichos feos de la web, en realidad la novedad es que estas acciones estarían operadas por empresas y profesionales; operaciones a las que varios le hacemos el juego al compartir noticias sin fuente verificable, alarmistas, con contenido predominantemente emocional y datos falsos. Sin duda, un momento interesante para observar la web boliviana, pero triste también.

(Artículo publicado en el periódico La Razón del 22 de enero de 2018 http://www.la-razon.com/opinion/columnistas/Noticias-falsas_0_2861113863.html)


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Internet y sociedad en Bolivia

Internet es un espacio tecnológico y, a la vez, un espacio social. Estas dos dimensiones pueden asemejarse a la oferta y demanda. Por un lado, la oferta sería el componente tecnológico: la fibra óptica, el satélite Túpac Katari, los celulares con aplicaciones que tenemos en el bolsillo y cosas más técnicas como el PIT, la firma digital, las placas de arduino, el big data. Por otro lado, la demanda estaría constituida por las dinámicas sociales que exigen avances tecnológicos para satisfacer las necesidades de nuevos usos políticos, económicos, culturales o de socialización, así como las necesidades de mayor eficiencia o mayor acceso a la información y al conocimiento.

De esta manera, se entiende que Internet es una plataforma de dinámicas sociales que reclaman innovaciones tecnológicas, es decir, que tienen la capacidad de cambiar la forma de la tecnología y sus características. El proceso inverso también es posible: la tecnología, con su enorme capacidad de oferta, puede cambiar las dinámicas sociales y, de hecho, lo hace.

Bolivia y su Internet. En los últimos cinco años, estos cambios han sido evidentes. El uso de Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram y varias otras aplicaciones de redes sociales ha transformado el acceso a la información; y la posibilidad de acceder a esa información en cualquier momento y lugar a través de las conexiones móviles —que constituyen el 96% de las conexiones a Internet en Bolivia (ATT, 2016)— ha modificado las prácticas sociales.

Un ejemplo en Bolivia es el efecto que algunos le atribuyen al uso de estas herramientas en el resultado del referéndum constitucional de 2016. Unos opinan categóricamente que el resultado se debió a las redes sociales, otros descalifican este criterio argumentando que sin real politics las redes sociales no hubieran logrado nada. Otros —los más conectados con las tendencias globales— relacionan este fenómeno con el Brexit y la elección de Trump, y hablan de la posverdad, un fenómeno de masas en el que se toman decisiones basadas principalmente en la emocionalidad, (como si antes de este evento las decisiones en procesos plebiscitarios hubieran sido tomadas únicamente con bases racionales). En todo caso, el debate político del referéndum pone en el centro a las dinámicas sociales virtuales y a las tecnologías de Internet.

Un libro, Bolivia Digital. Estas relaciones entre Internet y sociedad y los cambios que una inspira en la otra son el hilo conductor del libro que se presentará esta semana en La Paz con el nombre de Bolivia Digital, editado por el Centro de Investigaciones Sociales (CIS). Este libro pretende facilitar el acceso a datos acerca de los usos de Internet en Bolivia y a reflexiones de más de veinte especialistas ingenieros, comunicadores, abogados, economistas, pedagogos, psicólogos y filósofos.

Territorialización de Internet. El 40% de la población boliviana, urbana y rural, mayor de 18 años usa Internet. Es un dato de 2014 en LAPOP y de la Encuesta de Hogares-INE del 2015. Esto no significa que todos los usuarios de Internet tienen conexiones de calidad y aprovechan todos los beneficios de estar en Internet, sino que hay diversas calidades de conexión, las más frecuentes son las conexiones móviles desde un celular, móviles desde la casa y en cafés Internet o telecentros. Lo más común en Bolivia son las conexiones de calidad media y baja.

Esto genera brechas entre quienes se conectan y quienes no, pero también entre quienes tienen conexiones de buena calidad y quienes se conectan con baja calidad. El uso que se da a una conexión ADSL en casa —una conexión que no tiene límite de descarga, con tarifa única pospago, se use mucho o poco— tiende a ser más beneficiosa que una conexión en el celular con compra de paquetes de 60 megas diarios por Bs 2. Con una conexión ADSL se puede estudiar un curso en línea que tenga videos y descargar los textos para leerlos offline; o se puede llenar un formulario de postulación a un trabajo, enviarlo con adjuntos; o se puede grabar un video, editarlo y publicarlo en alguna plataforma digital. Todas estas actividades son muy difíciles o imposibles de realizar con una conexión en el celular, sea prepago o pospago.

Este fenómeno de experiencias de Internet diferenciadas se denomina territorialización de Internet en el libro Bolivia Digital, que es una evidencia de nuestra condición periférica en los procesos tecnológicos relevantes mundiales, lo que determina el rol de consumidores pasivos más que de productores activos.

Las noticias acerca de la creación de un brazo robótico, o de un boliviano que fue elegido para trabajar en Google, o de software estatal desarrollado con software libre son noticias precisamente por la rareza de esos eventos, y no son muestra de inclusión en los procesos de globalización, sino de nuestra condición periférica.

Soberanía tecnológica. Existen más de 4 millones y medio de cuentas en Facebook creadas en Bolivia. Esto significa que prácticamente todos los usuarios bolivianos de Internet tienen cuenta en esa red social. No es de extrañar, por tanto, que gran parte de las actividades en Internet se realicen en redes sociales, desde leer noticias, comprar y vender los más diversos bienes, chatear con amigos o grupos de amigos, hasta hacer convocatorias para encuentros políticos.

No sin razón se dice que la mitad del mundo de Internet le pertenece a Google y la otra mitad, a Facebook. Y tanto en un mundo como en el otro toda la información que se comparte en ellos es grabada a su paso por los servidores que están en países del norte.

Esto es un reflejo del escaso control que tenemos de la tecnología que usamos. Por tanto, una idea recurrente en Bolivia Digital es precisamente la necesidad de ser más dueños de la tecnología que usamos y de la información que compartimos, es decir, promover nuestra soberanía tecnológica.

(*) Bolivia digital. 15 miradas acerca de Internet y sociedad en Bolivia, Eliana Quiroz (coordinadora), es una publicación del Centro de Investigaciones Sociales (CIS) (Vicepresidencia del Estado) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Será presentado el jueves 9 de marzo a las 19.00 en el Salón Auditorio del Palacio de Comunicaciones, por Álvaro García, Eliana Quiroz y George Gray Molina.

(Artículo publicado en la version impresa del suplemento Animal Político del periódico La Razón swl 12 de marzo de 2017 http://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Internet-sociedad-Bolivia-animal-politico_0_2668533155.html)


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Regulación y libertad de expresión

Regulacion-libertad-expresion

El debate acerca de la regulación de los contenidos que se publican en las redes sociales vuelve a surgir de tanto en tanto en nuestro país. Algunos usuarios denuncian que estas intenciones regulatorias van en contra de la libertad de expresión de la ciudadanía, mientras que algunas autoridades mencionan que no se pueden permitir contenidos delictivos. Entonces, surgen cuestionamientos acerca de los límites de la libertad de expresión en espacios digitales: ¿Se puede amenazar de muerte ya sea al Presidente o a cualquier persona en las redes sociales? ¿Podemos insultar o calumniar a alguien en redes sociales? ¿La solución es vigilar comunicaciones públicas y privadas en redes sociales, o prohibirlas?

Lo primero que se debe aclarar es que las redes sociales que usamos masivamente en Bolivia son espacios privados, les pertenecen a las empresas que han desarrollado el software y las administran, sea Facebook, Twitter, WhatsApp u otra. Así que lo que sucede en esos espacios digitales está regulado por el contrato de Términos de Uso que todos aceptamos al abrir una cuenta. Si bien es cierto que casi nadie lee esos términos antes de marcar el cuadradito de aceptación, esas son las reglas de comportamiento en las redes sociales y es mejor conocerlas. El Estado boliviano puede hacer muy poco en esas relaciones, ya que suceden entre privados (una empresa y una persona) y se regulan bajo las leyes de otros Estados.

¿Qué dicen esos términos acerca de contenidos difamatorios, de amenazas, apología del delito u otros más graves como la trata de personas y la extorsión en línea? Facebook, la red social más usada en Bolivia, señala: “No utilizarás Facebook para actos ilícitos, engañosos, malintencionados o discriminatorios” y también: “No molestarás, intimidarás ni acosarás a ningún usuario”. El procedimiento en caso que esto suceda es enviar una denuncia a la administración de la red social para que borre los contenidos o elimine una cuenta, grupo o página. ¿Solo eso? Nada más porque las redes sociales no tienen un poder judicial que procese delitos. Como máximo, estas empresas pueden facilitar indicios de prueba para un proceso.

En caso de delitos como difamación, amenazas a la integridad o cualquier otro, se deben iniciar procesos en el marco de la normativa de cada país. Sin embargo, un problema común en estos casos es la identificación de la identidad de la o las personas que estarían publicando esos contenidos. Es difícil de probar, ya que la persona puede negar ser la autora de la publicación y más aún si es un anónimo. Se requiere pasos adicionales para saber quién verdaderamente publicó los mensajes. En este caso, se puede pedir el IP (número de identificación de la conexión a internet) y el correo electrónico asociado a la cuenta, a la administración de la red social. Estas empresas pueden negar esa información de acuerdo con sus propios criterios; pero si la solicitud es realizada en el marco de un proceso judicial, lo más probable es que no lo nieguen.

Como vemos, existen procedimientos empresariales y judiciales para tratar estos delitos que se cometen en línea, por lo que en ningún caso se puede justificar la vigilancia masiva de comunicaciones privadas en internet, sea de parte de empresas o de gobiernos.

Sin embargo, cuando se trata de un funcionario público es diferente. El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional “el delito de desacato por ser desproporcional las restricciones que genera respecto a la libertad de expresión” (sentencia 1250/2012) y explica: “las autoridades como personajes públicos son sujetos permanentes de críticas, por lo que el tipo penal de desacato limita desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión”.

Esto significa que la ciudadanía tiene el derecho de emitir juicios acerca del ejercicio de la función pública de autoridades que pueden ser juzgados como injurias o calumnias como en cualquier proceso normal judicial sin gozar de un status especial como el que daba la figura de desacato.

 

(Publicado en edición impresa del suplemento Animal Político de La Razón el 23 de julio de 2017 https://www.la-razon.com/suplementos/animal_politico/Regulacion-libertad-expresion_0_2749525084.html)